Películas como Alcarràs, de Carla Simón, y As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen (ambas estrenadas en 2022), revelan problemáticas sociales poco visibles relacionadas con el sector de las energías renovables en España. Aunque las historias son locales, sus reflexiones son universales, ya que abordan una parte de la compleja transición energética y sus retos socioambientales.
En los últimos años, la creciente demanda ciudadana de una participación comunitaria más equitativa y transparente en los proyectos de energías renovables ha puesto en evidencia las tensiones acumuladas durante décadas, que hoy se traducen en un aumento de conflictos sociales a nivel local.
Regiones como Galicia, donde el desarrollo eólico ha reavivado antiguas disputas sobre el modelo vigente de implantación de tecnologías renovables, tanto terrestres como marinas, representan un caso cercano y relevante. El archipiélago canario, históricamente vinculado a Galicia por la emigración hacia América Latina, observa con atención estos debates, consciente de que muchas de esas problemáticas podrían replicarse en su territorio.
Aunque Canarias no está experimentando un auge inmediato en infraestructuras renovables, quizás sea el momento de analizar y diseñar modelos de desarrollo energético adaptados a las particularidades del archipiélago.
Desde Aquatera Atlántico, como parte del grupo Aquatera, hemos sido partícipes de los diálogos y las negociaciones entre comunidades locales, gobiernos y promotores de proyectos renovables en diversas localizaciones. Conocer otras realidades y enfoques puede ser clave para construir un modelo más justo e integrado, tal como demanda la ciudadanía, y que aún no se refleja plenamente en las políticas españolas ni en la industria renovable del país.
El ejemplo escocés: directrices para un desarrollo comunitario justo.
En Escocia, el Gobierno ha establecido unas “Directrices de Buenas Prácticas Para Proyectos de Energía Renovable Terrestre” (2019), que marcan el camino sobre cómo los promotores de proyectos deben interactuar con las comunidades, compartir beneficios y asegurar la equidad. Estas directrices subrayan la importancia de las consultas tempranas, la transparencia durante todo el proceso y la participación de las comunidades en el diseño y los resultados de los proyectos.
Los promotores de proyectos renovables deben proporcionar información clara y generar confianza a través de un diálogo continuo. Además, a través de estas directrices se promueven esquemas de beneficios comunitarios flexibles y adaptados a las necesidades locales, que pueden incluir aportaciones financieras, empleo local o apoyo a iniciativas ciudadanas. También se fomenta la copropiedad, facilitando que las comunidades tengan participación directa en los proyectos.
En cuanto a los beneficios económicos, se recomienda que los pagos a las comunidades sean de 5.000 libras esterlinas (£) por megavatio (MW) instalado al año, ajustados por inflación durante toda la vida útil del proyecto. Este modelo también incluye la elaboración de Planes de Acción Comunitarios y Principios de Buena Gobernanza. Algunos desarrolladores de parques eólicos terrestres han ofrecido de forma voluntaria un nivel más alto de pago por beneficios comunitarios (por ejemplo, Bute Energy en Gales, que se ha comprometido a pagar £7.500 por MW al año).
Para la eólica marina, aunque aún no existen directrices oficiales, el Gobierno escocés inició una consulta pública “Scottish Government Good Practice Principles for Community Benefits from Offshore Renewable Energy Developments” (2018) y estableció grupos de trabajo para definirlas, reflejando así un compromiso continuo con la participación comunitaria.
Impulsando la propiedad comunitaria y la economía local.
“El Marco Nacional de Planificación de Escocia (NPF4)” refuerza esta visión, situando la construcción de riqueza comunitaria y la propiedad local como pilares para maximizar el valor económico de los territorios. La política apoya la creación de empresas locales y la gestión comunitaria de activos, así como la lucha contra la pobreza energética mediante redes descentralizadas, eficientes y con generación local asequible.
Los beneficios comunitarios van más allá de la creación de empleo o la formación; se priorizan los pagos directos y sostenidos a las comunidades, ya sea en aportaciones económicas o mediante descuentos eléctricos, para de esta forma asegurar impactos reales y duraderos.
Este modelo sitúa a las comunidades en el centro, otorgándoles no solo beneficios económicos, sino también voz, control y participación real en la transición energética. Sin duda, un ejemplo que podría inspirar nuevas políticas en España, donde todavía predomina un modelo más centralizado y menos inclusivo.
Modelos de participación comunitaria.
Según el informe “Consultoría sobre Beneficios Comunitarios” (2025) elaborado por Aquatera, VOAR y Community Energy Scotland para Shetland Islands Council, la forma más eficaz de maximizar el valor local es la propiedad total de los proyectos por parte de organizaciones comunitarias reconocidas. Este modelo, probado en Escocia durante más de 20 años, genera ingresos significativos y tiene un impacto positivo en economías diversas, empresas y cadenas de suministro locales.
Cuando la propiedad total no es posible, el siguiente modelo más efectivo es la copropiedad creíble, en la que la comunidad asume una parte proporcional de la financiación, la operación y el control de sus ingresos, garantizando así una participación real y no simbólica. Existen también otros modelos, con diferentes grados de control y beneficio para la comunidad:
- Sociedad mixta (Joint Venture): La comunidad y el promotor del proyecto crean una entidad compartida. La comunidad suele ser accionista minoritaria, pero puede obtener derecho a voto para influir en el proyecto.
- Modelo de reparto de ingresos (Shared Revenue): El promotor mantiene la propiedad, y la comunidad compra una parte de los ingresos sin intervenir en la gestión.
- Propiedad compartida (Split Ownership): El proyecto se divide físicamente; por ejemplo, la comunidad posee un aerogenerador mientras el resto pertenece al promotor. Aunque requiere más infraestructura, permite acceder a beneficios específicos para la parte comunitaria.
Un estudio realizado por Aquatera para Point and Sandwick Development Trust, titulado “A Comparison of the Financial Benefits Arising from Private and Community Owned Wind Farms” (2021), comparó los beneficios económicos de parques eólicos de propiedad comunitaria y privada. El promedio de ingresos anuales de los parques comunitarios analizados fue de aproximadamente £ 170.000 por MW instalado, es decir, 34 veces más que el estándar de la industria privada. El parque con mayor aportación económica anual multiplica por 60 dicho estándar.
Hacia un modelo renovable justo para Canarias.
Explorar fórmulas de propiedad y de beneficios comunitarios adaptadas a las necesidades locales es una responsabilidad compartida, especialmente de los organismos gubernamentales locales, que deben liderar la elaboración de directrices que integren la voz ciudadana desde las fases iniciales de los proyectos. Solo así se podrá garantizar una participación activa y justa de la población en la transición energética del archipiélago.
El “Proyecto de Decreto Para la Participación Local en Energías Renovables” que regula la implicación ciudadana en el desarrollo de energías renovables en Canarias responde al mandato de la Ley 6/2022 y a las directrices europeas. Su objetivo principal es establecer un marco normativo que promueva la democratización de la energía, facilitando la implicación directa de la población local en instalaciones solares y eólicas con una potencia mínima de 2 MW.
El texto detalla las modalidades de participación, los requisitos exigidos y los procedimientos a seguir. Además, contempla la creación de una Comisión de Seguimiento encargada de supervisar su implementación. Se establece como meta alcanzar al menos un 20 % de participación económica local en cada proyecto, reservando un mínimo del 10 % a personas físicas.
No obstante, el decreto no incluye fórmulas de compensación directa a las comunidades locales, como las aplicadas en Escocia, donde se abonan £5.000 por MW instalado al año. Tampoco aclara si se incluyen las energías renovables offshore, dado que el texto se limita a referirse al “uso del suelo”.
Este marco legal pretende favorecer la aceptación social de las energías renovables y maximizar sus beneficios socioeconómicos para las comunidades locales, aunque aún presenta áreas de mejora y vacíos que deben abordarse para avanzar hacia una verdadera transición energética justa e inclusiva en Canarias. El caso escocés demuestra que la transición energética no solo depende de la tecnología, sino de la capacidad de los territorios para construir confianza, diálogo y corresponsabilidad. En Canarias, donde la energía y el territorio están íntimamente ligados a la identidad y al bienestar de sus comunidades, avanzar hacia un modelo verdaderamente participativo será clave para asegurar que los beneficios de las energías renovables en tierra y mar se queden en las islas y fortalezcan su resiliencia económica y social.
